La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo en conjunto con la Policía Judicial (CTI) y con el apoyo del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional realizaron la captura de ocho personas, integrantes de una organización delincuencial conocida como “Tierreros del Llano”.

Entre los retenidos hay una abogada y hombres que se hacían pasar por funcionarios públicos para mentir y posteriormente engañar a sus víctimas. El modus operandi de los estafadores era ofrecerles a los compradores de viviendas de interés social, escrituras y formularios falsos que nunca fueron legalizadas en las oficinas de instrumentos públicos.

El seguimiento contra esta estructura ilegal inició con una denuncia por desplazamiento forzado interpuesta por los propietarios de una finca, los cuales indicaron que fueron obligados a dejar su terreno en medio de engaños, diferentes maniobras ilegales e intimidaciones. El CTI de la Fiscalía Seccional Meta comenzó las investigaciones respectivas y demostraron que los Tierreros del Llano localizaban a las personas que vivían en terrenos que estaban abandonados o que tenían algún problema judicial, entre otros.

También dicho grupo, ofertaba cupos para viviendas de interés social en Villavicencio. Además, los estafadores se presentaban como funcionarios para así generar un nivel de confianza. Cerca de $3’000.000 y 6’000.000 millones de pesos pedian con el objetivo de asegurarle a las personas el acceso a los planes de vivienda, luego de que los delincuentes obtenían el dinero, las personas afectadas nunca volvieron a saber más información sobre el proceso para la adquisición de la vivienda.

Las personas judicializadas por los delitos de desplazamiento forzado, falsedad en documento público, concierto para delinquir, fraude procesal, estafa, enriquecimiento ilícito y constreñimiento ilegal son Adela Torres León, alias “la doctora o abogada”, Aura Yaneth Rodríguez López, Jorge Giovany López Sierra, José Leonel Niño Romero, José Ignacio Chitiva Beltrán, Luis Ángel Mojica Hernández, Libardo Rodas Cortés y Richard Muñoz Méndez, los sindicados no aceptaron los cargos imputados.

En total, 36 víctimas han sido afectadas por esta modalidad y cerca de $9.000’000.000 millones de pesos han obtenidos por parte de la estructura delincuencial por medio de esta modalidad.