Viernes, 12 Enero 2018 15:32

Invalidez en la vejez para tomar decisiones debe ser comprobada

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Una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia explica que no todas las afectaciones acarrean una incapacidad civil, es decir que no todas las enfermedades, patologías y el grado de conciencia de una persona de la tercera edad son motivo suficiente para que le impida tomar decisiones jurídicas, contractuales, entre otras.

En el caso de tres personas que pedían declarar la nulidad de un traspaso de $234 millones, que un señor de edad avanzada cedió a dos familiares, el alto tribunal lo estudió; pues el señor de edad avanzada era esposo de una señora inválida a raíz de una fractura de fémur y tenía Parkinson, y administraba sus inversiones; y contaba con “la confianza” de una notaría para hacer los trámites necesarios. El traspaso del dinero se realizó el 15 de julio de 2002 en presencia de dos empleados de la notaría y dos de una comisionista de bolsa (la demandada).

El señor en sus últimos meses de vida estaba en precarias condiciones de salud, luego de haber sufrido un tumor cerebral y, como consecuencia presentaba un estado de confusión y disminución de capacidad de conciencia; por lo que los demandantes, sobrinos de la señora de la tercera edad, alegaron la irregularidad del traspaso porque “el dueño de tales valores no se encontraba en condiciones médicas para el efecto, faltando, en consecuencia, su consentimiento”. Los fallos de primera y segunda instancia les dieron la razón a los demandantes y declaró nulos los actos del traspaso de la plata.

Por su parte, la Corte dice que, dos pruebas deben ser presentadas para que una persona de edad avanzada pueda tomar una decisión; primero, que se presente una “perturbación patológica de la actividad psíquica que suprime la libre determinación de la voluntad” y, segundo, que esa perturbación patológica actuó conjuntamente en la celebración de un contrato.

“Así que como no toda afección de esa índole conduce a neutralizar los efectos jurídicos del acto o contrato, la actividad probatoria debe orientarse a acreditar la anomalía psíquica y su influencia en la determinación de la voluntad al momento del otorgamiento del negocio jurídico cuestionado por parte del disponente”, explicó el alto tribunal.

Retomando el caso, y según la Corte, la “conclusión en contrario de los recurrentes, como que ‘no se necesita ser médico ni tener conocimientos especializados en esta materia ni mucho menos estar interdicto, para darse cuenta que esta persona no tenía facultades mentales (…)’, no pasa de ser una posición subjetiva o contingente”.

Así mismo, agrega que, “en consecuencia, la capacidad de obrar, se supedita a la existencia de una voluntad reflexiva o de discernimiento; de tal forma que representa el carácter dinámico por cuanto permite que el sujeto en ejercicio de su libertad negocial actúe produciendo efectos jurídicos con su conducta volitiva externa”.

 

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